En todo contexto el derecho a la salud es la garantía del ejercicio pleno de otros derechos. Sin salud no se puede trabajar, estudiar, recrearse, viajar, convivir de manera habitual con nuestros semejantes. 

La escuela no es una isla. Las altas temperaturas que llevan a alertas amarillas y rojas, según las informaciones del Servicio Meteorológico Nacional, impiden que la actividad escolar se lleve adelante porque es afectada la salud del alumnado y la docencia. Nadie en su sano juicio expondría a otro ser humano a vómitos, diarreas, fuertes dolores de cabeza, irritaciones, etc.

 

Es responsabilidad del Estado generar políticas públicas para atender estas situaciones que van desde las suaves recomendaciones sobre vestimenta e hidratación hasta la suspensión de clases tan temida por los gobiernos en los años electorales por temor a ganarse el rechazo de algunos grupos de familias. 

Sea como fuere la obligación de los gobiernos es tomar decisiones en favor del bienestar común y no de un grupo que pueda oponerse.

En el caso de la educación privada se da otra particularidad que es bueno remarcar:

Se debe estudiar caso por caso. Desde el aspecto laboral el ámbito es el comité mixto de higiene y seguridad donde se debe velar por la salud docente en el ámbito de trabajo.

 

La regla es, en las escuelas privadas, que la entidad propietaria sea quien tome las medidas para garantizar que las clases se puedan dictar sin afectar la salud. Para eso se pueden disponer de varias medidas: ser flexibles en la vestimenta es una herramienta, acondicionar los ambientes es otra, incluso implementar sistemas de refrigeración.  

Pero llegado el caso si las condiciones no permiten que se den clases, no  se puede poner en riesgo la salud del alumnado y el personal docente o no docente. 

Los padres tienen que exigirle a las entidades propietarias inversión en estos equipamientos. Los sueldos vienen subsidiados de la provincia y aumentan gracias a la paritaria docente. 

La plata de las cuotas supuestamente es para mantenimiento e infraestructura. Este es un buen ejemplo de donde deberían invertir en lugar de gastar plata en reemplazantes. 

Por último el Ministerio de Educación debería tener una firme política de cuidado de la salud y un relevamiento permanente de los edificios escolares de la educación privada. Es una obligación indelegable desde que otorga a una entidad el permiso para gestionar una escuela privada. 

 

Desde SADOP vamos a priorizar siempre la salud de nuestros alumnos/as, docente y no docentes. Y de esta manera la escuela que no cumpla con los requisitos básicos para poder funcionar va a tener que suspender el dictado de clases.