La carta -que pudo conocer este medio- está fechada el 22 de octubre de este año. Quienes la suscriben se presentan como “autoridades de organizaciones que nuclean a los establecimientos de gestión privada de la provincia de Santa Fe”. La firman Walter Van Meetgoot por el Consejo Provincial de Educación Católica (Conprodec); Claudia Stern, por la Delegación Santa Fe de la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina (Faera); Osvaldo Gallardo, presidente de la Federación Santafesina de Instituciones Educativas Privadas (Fesaiep), Alejandro Saba, secretario de Fesaiep, y Carlos Giner Perea, presidente Delegación Rosario de la Federación de Institutos Agrotécnicos Privados de la República Argentina (Fediap). Además de sumar las adhesiones del arzobispo Martín, el presidente del Consejo Superior de Educación Católica (Consudec) presbítero José Alvarez y el presidente de la Federación de Asociaciones Religiosas de la Argentina (Faera), presbítero Ernesto Herrmann. 

 

Según expresan en el primer párrafo de la carta, la presentación la hacen para manifestar “la preocupación respecto al tratamiento que el gobierno provincial le está dando al nombramiento del personal directivo y docente de establecimientos de gestión privada”. Luego de exponer una particular interpretación de las leyes vigentes, directamente le solicitan al gobierno que “eviten suscribir acuerdos que comprometan a los empleadores” y en caso de haberlo hecho que los dejen “sin efecto”. Y -entre otros puntos- que “se garantice el derecho de los establecimientos educativos de contar con su proyecto educativo inspirado en su ideario institucional y de nombrar a su personal y en especial a sus equipos directivos teniendo en cuenta las necesidades particulares circunstanciadas del mismo”.

 

También llama la atención el modo en que las patronales de los colegios privados se refieren al ámbito de discusión paritaria: se limitan a nombrarla como “la paritaria salarial de Amsafé”, negando la participación del Sadop en la mesa de negociaciones. En otras palabras, a un derecho conquistado por las trabajadoras y trabajadores de la educación privada.

 

 

 

Consultado por Redacción Rosario, el secretario general del Sadop Rosario, Martín Lucero, consideró que la nota enviada a la ministra deja en evidencia la preocupación de las patronales de que los reclamos de Sadop Rosario y Santa Fe se concreten y escalen también a nivel nacional.

 

“Mientras el Papa Francisco habla de una pastoral social que cuide a los trabajadores, ellos parecen validar la salida de Sadop de la paritaria, al referirse solo a Amsafé. Es un contrasentido”, expresó Lucero.  

 

También recordó que la llamada “ley contra los despidos arbitrarios” (aprobada en 2016) le quitó poder a las patronales para presionar a sus docentes: ya no se los puede echar “porque sí”. Reconocer los escalafones y concursos les representaría perder poder para decidir quién entra a la enseñanza privada a dar clases o quién asciende.

 

“Se trata de una discusión neurálgica -afirma Lucero- que tiene que ver con el derecho a la carrera docente. La implementación de los escalafones y concursos evita la discrecionalidad. También mejora la calidad educativa, porque los nombramientos no dependen de la vocación iluminada de un representante legal sino de un criterio objetivo. No queremos que el director de una escuela sea el mejor amigo de la patronal, sino que sea el mejor director”. 

 

En paritarias desde 2009

La implementación de los escalafones y concursos en el ámbito de la educación privada está reconocida en las leyes provincial de enseñanza privada 6.427 (de 1968) y en la de educación nacional 26.206 (de 2006); sin embargo, las escuelas privadas no las aplican y cuando lo hacen es de manera dudosa.

 

Para el sindicato docente es prioritario que el Estado se haga cargo de hacer cumplir lo que ya está normado. Para que haya transparencia en el ingreso y ascenso de la docencia en este ámbito, el Sadop reclama reglas claras y objetivas. A modo de ejemplo, Lucero habla de tres puntos clave: “Conocimiento de las reglas del concurso, la temática que se va a abordar, luego quién va a evaluar y, tercero, la posibilidad recursiva”. 

 

El reclamo se viene planteando año a año y formalmente en el ámbito provincial de la paritaria desde 2009. Pero viene desde antes. Incluso en 2008, gracias al planteo sistemático del gremio, conquistaron que se realizara en Santa Fe el primer concurso de títulos, oposición y antecedentes de supervisores de la educación privada. 

 

De ahí en más, el pedido está presente en cada encuentro paritario, en cada acto institucional y también en las calles. 

 

A pesar de los obstáculos, Lucero reconoce que el Sadop “avanza a pasos agigantados” en esta pelea. Ya es un derecho considerado irrenunciable para la docencia privada. “Las patronales se quedaron en el tiempo y no registraron que en el medio hubo 12 años de paritaria, eso los expone más todavía”, dice para marcar lo vetusto del privilegio que pretenden conservar. 

 

Sadop

El reclamo por concursos y escalafones se formalizó en la paritaria provincial por primera vez en 2009.

La discusión ideológica

El Ministerio de Trabajo de la provincia convocó al Sadop y a las entidades patronales a tratar el tema el 18 de noviembre pasado. Pero las patronales se negaron a discutir y presentaron una nota conjunta en la que desconocen la competencia de la cartera laboral en este reclamo. Firmaron esa nota los referentes del Consejo Provincial de Educación Católica (Conprodec), la Federación Santafesina de Instituciones Educativas Privadas (Fesaiep), Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina (Faera) y la Federación de Institutos Agrotécnicos Privados de la República Argentina (Fediap).

 

Para Martín Lucero lo que argumentan es un debate que a esta altura del siglo XXI ya está saldado: “Si encuentran una trabajadora o un trabajador en negro en una escuela privada, el Ministerio de Educación tiene que dar parte al de Trabajo. El Ministerio de Educación no hace fiscalización de trabajo no registrado, falta de pago de sueldo o de condiciones de trabajo, eso es competencia del Ministerio de Trabajo”.

 

Luego de esa presentación de las patronales, Sadop hizo las contestaciones correspondientes, donde exponen que hay cuestiones de razonabilidad que ya no entran en debate, como la competencia de Trabajo en estas demandas. 

 

Sadop va por más: por la discusión ideológica que las patronales sostienen en la nota al hablar que lo que hacen es en nombre de “la libertad de enseñanza”. “Nosotros planteamos que la libertad de enseñanza deriva del derecho constitucional del derecho de enseñar y aprender, y esto también corre para el trabajador y la trabajadora”.

 

“Más que libertad de enseñanza lo que defienden las patronales es la libertad de empresa”, afirmó Lucero para marcar el carácter mercantilista y de control que implica seguir manejando a dedo quién enseña y dirige en una escuela. El dirigente del Sadop hizo esta apreciación en una reciente charla abierta para el gremio sobre la cuestión que se transmitió por Youtube. En esa misma actividad, tanto Lucero como el secretario general del Sadop Santa Fe, Pedro Bayúgar, insistieron en alertar que lo que está en juego es el derecho a la carrera docente.  Y por eso consideraron que la lucha por esta conquista será en las paritarias y en las calles. 

 

Lucero afirma que también se trata de algo de sentido común: “Hablamos de calidad de enseñanza y nos negamos a la concentración horaria”. Se pregunta por qué cuando hay que designar la directora de una escuela se convoca a alguien externo para ese cargo, en lugar de darle la posibilidad de que sea quien tiene una comprometida trayectoria docente de muchos años con la institución. Para Lucero no hay dudas que la reglamentación de concursos y escalafones traerá “transparencia” y mejor calidad educativa a las escuelas privadas. “Algo con lo que ningún padre estaría en desacuerdo”, añade. 

 

El dirigente de la docencia privada alertó que en el último encuentro paritario por la discusión salarial -realizado a principios de octubre pasado- la ministra Cantero “fue quien más se opuso a la discusión de los concursos de ascenso a cargos directivos”, incluso a incluirla en el acta paritaria. 

 

“Es paradójico porque es en donde más se había avanzado en esta discusión en las gestiones anteriores”, señaló.

 

Martín Lucero recordó que el eje central de esta discusión está en la ley de educación privada 6.427 y su decreto reglamentario, donde además de los concursos se establece que deben confeccionarse escalafones por escuela teniendo en cuenta el título y la antigüedad, pero falta la reglamentación para instrumentarlo. Es decir, “el que está en falta es el Estado”.

 

 

 

Mejor calidad educativa 

La ley de educación nacional 26.206 establece en su artículo 67, inciso K, la equiparación del derecho a los concursos para la docencia privada a la de la pública estatal: “Los/as docentes de todo el sistema educativo tendrán los siguientes derechos y obligaciones, sin perjuicio de los que establezcan las negociaciones colectivas y la legislación laboral general y específica:

 

Derechos: k) al acceso a los cargos por concurso de antecedentes y oposición, conforme a lo establecido en la legislación vigente para las instituciones de gestión estatal”.

 

Durante el congreso provincial del Sadop realizado a principio de noviembre pasado, las y los docentes ratificaron la urgencia de priorizar el tratamiento del tema ya que “garantiza un hecho de justicia para con las y los trabajadores del sistema educativo y una mejor calidad para la educación en su conjunto”.

 

En ese contexto, los dirigentes del Sadop de Rosario y Santa Fe recordaron en el ámbito de ese congreso que de la misma manera que “la lucha de la docencia privada santafesina fue la punta de lanza para lograr el derecho a la jubilación docente y la conformación de los Comité Mixtos de Higiene y Seguridad”, también ahora con el tratamiento de la implementación de concursos y escalafones se espera lograr “un antecedente histórico para consolidar derechos” en el sector.

 

Para Lucero, se entiende entonces que la discusión que se encara por hacer valer la carrera docente ya sea una preocupación nacional de las patronales de la educación privada.