El pedido se fundamenta en que a nivel mundial las embarazadas son consideradas grupos de riesgo ante el Covid-19 y las nuevas cepas porque son más elevados los riesgos de complicaciones en caso de contraerlo. “Científica, social, legal y políticamente está justificado este pedido de excepción”, sostiene el escrito.

 

La vuelta a la presencialidad plena, no puede bajo ningún punto de vista, atentar contra el cuidado de la salud de los trabajadores y las trabajadoras de la educación.