En la primera quincena de enero se ha tomado conocimiento de más de 15 situaciones de despido o “reducción de horas cátedras” (modalidad que encubre el despido parcial).

La cifra no tiene antecedentes en los años anteriores, debiendo remontarse a más de una década para encontrar un escenario similar.
 

En 2016, de manera conjunta, las Seccionales Rosario y Santa Fe del SADOP lograron una reforma en la Ley de Educación Privada Provincial que expone a la pérdida del subsidio estatal a aquellas instituciones educativas que dispongan “despidos sin causa” lo cual implica el pago de una indemnización. La reforma, aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras y con un solo voto en contra, entiende que el destino del aporte estatal no puede subsidiar de manera indirecta el pago de indemnizaciones ya que dicha situación, configura un manejo irresponsable de los fondos públicos. Es menester recordar que el Estado no paga indemnizaciones y solo puede despedir “con causa” mediante un sumario. Este procedimiento también es obligatorio en la educación privada para los despidos donde el personal docente ha incumplido sus obligaciones.
 

Es imposible desligar el aumento de los despidos de 2024 con la entrada en vigencia (suspendida cautelarmente por la Justicia del Trabajo) del DNU 70/2023 del Gobierno Nacional encabezado por el Presidente Javier Milei. Es innegable que el “clima de época” ha impulsado a patronales inescrupulosas a impulsar ajustes sobre la nómina de personal para sostener su margen de rentabilidad e ingresos a costa de la calidad educativa y la carrera profesional de los docentes despedidos. 
 

El Sindicato ha llevado adelante la denuncia correspondiente ante el Ministerio de Educación y accionará en el Ministerio de Trabajo buscando la reinstalación de todos los docentes que así lo han solicitado, acompañando las acciones con todas las medidas gremiales pertinentes las cuales incluyen medidas de fuerza en los establecimientos infractores en el reinicio de las actividades. 

 

 

En particular SADOP Rosario desea resaltar el despido discriminatorio del Compañero Franco Casasola, Secretario Docente del Instituto D´Ibarre. Franco es un reconocido militante político y gremial (miembro del CD de Amsafe Rosario). También afiliado a SADOP. Su desempeño a lo largo de más de 4 años en la institución ha sido intachable recibiendo el reconocimiento de sus pares y el personal directivo de la Institución. De manera intempestiva en la primera semana de enero (previa a la suspensión del DNU) es despedido por Adrían Di Franco, representante legal del Instituto. En los meses previos Franco, junto con un grupo de docentes, venían reclamando que le paguen los salarios en tiempo legal, ya que cobraban después del 10 de cada mes. La institución recibe aportes de Estado.

Este ejemplo es por demás de elocuente: La entidad propietaria no “podía pagar en término” pero si tiene dinero para despedir a un trabajador con una trayectoria intachable por reclamar el pago que por derecho les corresponde.
 

Estas situaciones no van a ser consentidas. Además de las acciones judiciales pertinentes por el despido discriminatorio, SADOP ha pedido una inspección administrativa y contable sobre el establecimiento, además de la pérdida del subsidio en el cargo, en caso de que no se proceda a la reincorporación del Docente. Además exigimos una postura firme y decidida de las autoridades de los Ministerios de Educación y de Trabajo para erradicar este tipo de prácticas reñidas con el Estado de Derecho y la Justicia Social. 
 

En tiempos en los que se pide responsabilidad en la gestión de los fondos públicos, donde las fuentes de trabajo peligran y donde la crisis económica es trágica, el Estado Provincial no puede avalar conductas inescrupulosas de entidades empresariales educativas que reciben fondos que provienen de nuestros impuestos. Esta gestión irresponsable de instituciones educativas debe ser castigada con la inhabilitación para ser titulares de establecimientos educativos por inhabilidad moral según lo dispuesto por la Ley de Educación Privada de Santa Fe (Ley 6427 artículo 12).
 

Creemos que lo expuesto es una muestra de que el modelo de destrucción del Derecho Laboral impuesto por el decreto 70/2023 del Gobierno Nacional exterminará la carrera docente (donde se suma la inconstitucional “cuasi prohibición” de realizar paros) y traerá aparejada una marea de despidos, a la luz del desamparo en el que quedan los trabajadores y trabajadoras de todas las ramas.

Por ello, resulta necesario resistir de manera colectiva estas medidas de gobierno y las acciones de los empresarios educativos inescrupulosos que se sirven de ellas.