Rosario
Miércoles, 01 Abril 2020 16:48

El derecho al pago integral del salario docente

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El pago del salario docente debe ser integral 

Ante la situación de emergencia generada por la Pandemia de Coronavirus (COVID 19) el Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 que dispuso el aislamiento social obligatorio.

El mismo en su artículo 1º: “… establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en los términos indicados en el presente decreto. La misma regirá desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica”

Lo expresado implica que todas las actividades del país se encuentran suspendidas, salvo aquellas que sean de carácter esencial para el funcionamiento del estado y los servicios.

Respecto de la situación laboral del resto de las actividades, la normativa expresa:

ARTÍCULO 8º.- Durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, los trabajadores y trabajadoras del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales, en los términos que establecerá la reglamentación del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

La norma es clara y de plena aplicación a la docencia privada.

Por derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales, debe entenderse que aún en situación de emergencia sanitaria y aislamiento el derecho al cobro de salario es integral, sea cual fuere la modalidad utilizada, sin descuentos por días no trabajados ni deducciones de ningún tipo, incluyendo las remuneraciones habituales por todos los conceptos que se hayan establecido.  

En este caso es el empleador quien debe asumir los costos de la medida. En compensación el Estado Nacional ha ido anunciando medidas compensatorias de promoción del crédito, morigeración de la carga impositiva y otras de similar naturaleza para aliviar la situación de los obligados al pago de salarios.

En el caso particular de la Educación Privada tenemos que tener presentes algunas consideraciones:

  1. El personal docente no ha dejado de prestar servicios, continúa trabajando a distancia con distintas modalidades de acuerdo las posibilidades técnicas que estén a disposición. Es por ello imposible alegar cualquier tipo de disminución salarial o suspensiones atento a la continuidad permanente de la prestación laboral, aun por encima de la jornada laboral prevista por la normativa.
  2. La obligación de pago de cuotas o contribuciones de parte de las familias de alumnos/as sigue plenamente vigente de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Educación, siendo las entidades propietarias quienes deberán procurar en los casos que corresponda su cobro.
  3. Todos los trabajadores/as, sin distinción de ningún tipo, tienen derecho al cobro integral de su salario. En este sentido es bueno recodar que la diferencia entre cargos incorporados, autorizados o fuera de planta es una diferenciación de tipo administrativo sin efectos sobre la relación laboral. Desde el punto de vista del derecho laboral, Todos son trabajadores/as en relación de dependencia teniendo los mismos derechos y obligaciones. Aquí son aplicables principios legales como “igual tarea igual remuneración” (art. 14 bis de la CN), igualdad de trato (art. 81 de la LCT 20744), entre otros. 
  4. El obligado al pago es la entidad propietaria del establecimiento educativo. Este principio no admite excepciones. A los efectos de la relación laboral es indistinto si la escuela recibe o no aportes (subsidios) de parte del Estado. Esto surge del artículo 13 de la Ley 6427 de Educación Privada de Santa Fe donde expresa: Las obligaciones contraídas por los propietarios con su personal o terceros no responsabiliza ni obliga en modo alguno al Estado. Es decir que desde el momento en que las entidades propietarias aceptan ser parte del sistema educativo de gestión privada asumen como propia la responsabilidad del pago de salarios con independencia de su relación con el estado.
  5. Por el principio de equiparación el personal de establecimientos privados tiene los mismos derechos y obligaciones que el personal de la educación oficial debiendo cobrar (como mínimo) el mismo salario en iguales condiciones, especialidad y cargo (artículos 23 y 24 de la Ley 6427 de Educación Privada)
  6. El personal de Jardines maternales, Institutos y Academias regidos por el Estatuto del docente privado (Ley 13047) se encuentran dentro las previsiones del artículo 8 del DNU 297/2020 teniendo pleno derecho a la percepción integral del salario. No existen sobre los mismos ningún tipo de excepciones o exclusiones contempladas en ninguna normativa.
  7. Existiendo una normativa como el DNU 297/2020 que expresa el derecho a la percepción integral del salario, no se pueden invocar de parte de los empleadores de manera valida excepciones como casos imprevistos o fuerza mayor. La ley de contrato de trabajo expresa que la obligación genérica de las partes implica la observancia de los comportamientos emanados de la ley (art 62 de la Ley 20744) y la obligación de actuar de buena fe (art 63 de la Ley 20744), principio que los empleadores que se violarían al desconocer los derechos salariales que el DNU otorga a la trabajadores/as invocando excusas legales inaplicables.
  8. En todo este contexto es necesario recordar que en caso de duda sobre la interpretación  de una norma se debe aplicar la más beneficiosa para el trabajador/a (art 9 Ley 20744).
  9. El DNU 297/2020 no hace referencias a los tiempos ni las modalidades de pago, por tal motivo se mantienen plenamente vigentes la obligación de pago y el plazo de ley establecido en la Ley de Contrato de Trabajo en sus artículos 74 y 128. Queda también vigente la responsabilidad del empleador de cumplir sus obligaciones con los organismos de seguridad social y sindicales (art 80 ley 20744)
  10. En virtud de lo expuesto en los puntos anteriores cualquier empleador que no cumpla con las obligaciones salariales a cargo es pasible de ser requerido al cumplimiento a través de todas las vías administrativas, judiciales o gremiales que establece el ordenamiento jurídico con más las sanciones que sean de aplicación.

La declaración de la crisis sanitaria por la pandemia de Coronavirus no puede ser invocada como una excusa para el incumplimiento de las obligaciones salariales. En este sentido es importante remarcar que la docencia privada esta trabajado de manera permanente desde sus domicilios con distintas modalidades las cuales requieren mucho más tiempo de trabajo. Esta situación no solo merece reconocimiento sino que además exige el máximo respeto en el monto, tiempo, forma y pago de su salario. El carácter alimentario del mismo cobra, en tiempos de crisis, una necesidad cuya importancia aumenta día a día. Es por eso que la defensa de su integralidad es innegociable y admitirá cualquier vía legal para su cumplimiento.